Para el 2050, según datos del World Economic Forum, dos tercios de la población mundial vivirá en las ciudades (9,700 millones de personas habitarán el planeta dentro de 32 años, por cierto).

Lo anterior significa, al menos para Latinoamérica, o que los servidores públicos dejan a un lado la corrupción y la impunidad y trabajan de la mano de forma transparente y en coordinación con los ciudadanos, o no habrá manera de enfrentar –sin desgarramientos sociales– un futuro donde los recursos naturales y la comida cada vez serán más escasos (ya ni hablar del desempleo rampante y de la precarización de las condiciones de vida).

El tiempo apremia y, en el caso muy puntal de México, son escasos los esfuerzos para construir modelos de gestión gubernamental (ecosistemas) basados en un desarrollo sustentable fincado en los principios de un Estado de Derecho Constitucional.

De ahí que valga la pena mencionar una iniciativa que comenzó el año pasado: Smart City Expo World Congress (evento de carácter internacional organizado en Puebla que contó con el apoyo de los tres niveles de gobierno y alcanzó los 12,000 registrados que provinieron de 30 países, 120 instituciones y 300 municipios).

El evento abrió una posibilidad para compartir ideas, discutirlas, mejorarlas y aplicarlas con el propósito de elevar la calidad de vida de las personas. Las smart cities o ciudades inteligentes son un concepto que pretende satisfacer las necesidades de la sociedad con base en (al menos) los ejes siguientes: desarrollo económico, gobernanza digital, empoderamiento ciudadano y gobierno abierto, resiliencia y seguridad, movilidad y planificación urbana, energía y medio ambiente, equidad, educación y salud.

Los pilares que sostienen todas las iniciativas emitidas por una smart city son: infraestructura, conectividad, contenidos e inteligencia. En otras palabras, el futuro nos alcanzó. Llegó el momento de afrontarlo con seriedad, considerando todos sus peligros, riesgos y oportunidades.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Chief Marketing Officer en PKF México y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). Profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, UP, EBC, HC Escuela de Negocios y Alta Dirección Jurídica.